El subcomité que investiga el caso indicó que se hicieron declaraciones engañosas, además, cuestionó la respuesta del gobierno ante las 2.600 quejas presentadas.
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Según el informe, los documentos parecen demostrar que, de manera consistente, Toyota "se resistió a la posibilidad de que defectos electrónicos podrían haber causado problemas de seguridad".
El subcomité del Congreso de EE.UU. determinó que Toyota engañó al público y descartó que defectos electrónicos contribuyeran a problemas de aceleración en ciertos modelos, mientras que la respuesta del gobierno fue "gravemente deficiente".
El subcomité de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes divulgó un informe preliminar sobre las más de 75.000 páginas de documentos hasta ahora proporcionados por Toyota, en vísperas de la primera audiencia sobre la llamada a revisión de 8,5 millones de vehículos en todo el mundo.
Según el informe, los documentos parecen demostrar que, de manera consistente, Toyota "se resistió a la posibilidad de que defectos electrónicos podrían haber causado problemas de seguridad", en concreto con los aceleradores, indicaron los legisladores.
En la carta al presidente de ventas de la automotora en EE.UU., los legisladores señalaron además que Toyota "se apoyó en un defectuoso informe de ingeniería e hizo declaraciones públicas engañosas" sobre la llamada a revisión de los coches.
Mientras, en referencia a la Casa Blanca, los legisladores se quejaron de la respuesta de la Administración Nacional para la Seguridad Vial en las Carreteras (NHTSA, por su sigla en inglés) a los problemas de aceleración en los vehículos.
Agregaron que la respuesta "parece haber sido gravemente deficiente" porque pese a que la agencia recibió más de 2.600 quejas desde 2000, NHTSA "sólo realizó una investigación ligera en 2004" sobre posibles vínculos entre los defectos electrónicos y los problemas de aceleración.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el total de quejas recibidas desde el año 2000 incluye 34 muertes. Toyota, que intenta controlar los daños a su imagen y patrimonio, calculó que la llamada a revisión de los vehículos le costará unos 2.000 millones de dólares.
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